Bangladés ha lanzado un nuevo y urgente llamado a la comunidad internacional: ya no tiene capacidad para sostener a los más de 1.3 millones de refugiados rohinyá que han salido de Myanmar. La presión sobre una economía frágil, agravada por la disminución de la ayuda internacional, ha llevado al Gobierno a advertir que no hay margen para seguir asignando recursos internos a esta crisis humanitaria.

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“Estamos al límite”, advirtió Muhammad Yunus, asesor principal del Gobierno y premio Nobel de la Paz, durante una conferencia que conmemoró los ocho años desde la llegada masiva de refugiados en 2017. Según el funcionario, el país enfrenta desafíos económicos, ambientales y de gobernanza que le impiden seguir sosteniendo esta carga sin apoyo externo. “Necesitamos una solución sostenible. No podemos seguir solos”, enfatizó.

Los refugiados rohinyá, una minoría musulmana de Myanmar, comenzaron a llegar a Bangladés tras el estallido de un conflicto en 2017. En aquel entonces, más de 700.000 personas cruzaron la frontera en pocos días. Hoy, la mayoría de ellos sigue hacinada en campamentos improvisados cerca de la ciudad costera de Cox’s Bazar, considerada ya el mayor asentamiento de refugiados del mundo.

La situación en los campamentos es crítica: escuelas cerradas, viviendas precarias, escasa atención médica, recortes de ayuda y pocas perspectivas de retorno. “Llevamos siete años escuchando promesas, pero nuestra situación no ha cambiado. Seguimos sin derechos, sin futuro y sin garantía de regresar a casa”, expresó Sayed Ullah, líder comunitario rohinyá, durante la conferencia.

El mismo día, decenas de miles de refugiados salieron a manifestarse pacíficamente en los campamentos con carteles que decían: “No más vida de refugiados”, “Alto al genocidio” y “La repatriación es la única solución”.

El gobierno de Bangladés ha insistido en que el retorno de los refugiados debe mantenerse en la agenda global. Sin embargo, los intentos de repatriación en 2018 y 2019 fracasaron, ya que muchos se negaron a regresar por temor a supuestas represalias en Myanmar, donde el Ejército justifica su accionar como una “operación antiterrorista” contra insurgentes musulmanes.

A pesar de la magnitud de la crisis, la ayuda internacional ha ido disminuyendo y los recursos del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur) y otras agencias se encuentran bajo presión. Hasta el momento, no se ha confirmado si Naciones Unidas dispone de fondos suficientes para aliviar la situación en Bangladés o para garantizar una repatriación segura y digna.

En paralelo, la situación en Myanmar sigue deteriorándose. En el último año, 150.000 nuevos desplazados han llegado desde el estado de Rakáin, donde se intensificaron los enfrentamientos entre el Ejército y la milicia étnica armada llamada Ejército de Arakan, mayoritariamente budista.

«La sensación de abandono es creciente. Antes el mundo nos apoyaba, pero ahora sentimos que nos han olvidado. ¿Qué futuro les queda a nuestros hijos?”, lamentó Hafizur Rahman, uno de los refugiados que participó en el encuentro de la conferencia.

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